martes, 16 de mayo de 2017

Europa ataca de nuevo

Uno de mis contertulios habituales en Twitter me apunta hacia una nueva sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, institución cuya mera mención provoca sudores fríos a los defensores del Modelo Mediterráneo de farmacia. La sentencia, fechada el 16 de octubre de 2016, se basa en principios fundamentales que a mi juicio merece mucho la pena analizar, por lo que pueda implicar para el futuro de la farmacia española.

El texto completo, que tiene muchísima enjundia, lo pueden Ustedes leer a través de este enlace:


Les explico los antecedentes. Una institución alemana de ayuda mutua dedicada a mejorar las condiciones de vida de los enfermos de párkinson, que responde al nombre de Deutsche Parkinson Vereinigung (DPV), pretendía facilitar los medicamentos a sus pacientes a un precio más bajo y para ello quiso llegar a un acuerdo con la cadena de farmacias holandesa DocMorris. La oficina de defensa de la competencia de Alemania (en adelante, ZBUW, sus siglas en alemán), pretendió impedir este acuerdo alegando que contravenía la normativa alemana, similar a la española, en el sentido de que no se permite vender medicamentos sujetos a receta médica a precios diferentes a los fijados por el gobierno, y tampoco hacer descuentos o bonificaciones a los pacientes como pretendían DPV y DocMorris. El caso acabó en los tribunales de Düsseldorf y este lo derivó al TJUE, quien dirime la cuestión con esta sentencia.

¿Qué tiene que ver todo esto con el modelo de farmacia español? Mucho más de lo que pueda parecer a simple vista. Analicemos el fallo del tribunal y, sobre todo, sus argumentos.

La fijación de precios de los medicamentos contraviene el derecho comunitario

Tan perplejo como Ustedes al leer este titular me he quedado yo cuando he leído la sentencia. El TJUE nos recuerda el artículo 34 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que lee así: 

"Quedarán prohibidas entre los Estados miembros las restricciones cuantitativas a la importación, así como todas las medidas de efecto equivalente".

A estas alturas de la película, supongo que a nadie sorprende que en la Unión Europea esté prohibido limitar de ninguna manera las importaciones desde otros Estados miembros. Un principio fundamental de la UE que, en ocasiones, resulta incómodo de cumplir. Los franceses, muy aficionados al proteccionismo, son unos artistas en implantar medidas para soslayar este principio y dificultar la entrada de productos extranjeros en su país.

Lo que viene a decir la sentencia es que las farmacias que están ubicadas fuera de Alemania, al no poder competir con las farmacias alemanas en cuestión de plazo de entrega o prestación de consejo farmacéutico y otros servicios, no les queda otra que competir por precio. Por lo tanto, la normativa alemana que prohíbe expresamente diferenciarse por precio constituye una medida de efecto equivalente a una restricción a la importación.

Sí, pellízquense como lo he hecho yo al leer la sentencia. Según el TJUE, fijar precios para los medicamentos de prescripción contraviene la normativa europea en uno de sus principios más sagrados, la libre circulación de mercancías. ¿Qué implicaciones tiene esta sentencia? ¿Qué pretende ahora el TJUE?

Las consecuencias son difíciles de cuantificar pero potencialmente transformadoras de todo el mercado farmacéutico europeo. Si los Estados miembros se ven obligados a eliminar la fijación de precios de los medicamentos como principio regulador, y aplicamos la libre circulación de mercancías en sentido estricto, es lógico pensar que actuará el mecanismo conocido como arbitraje. Cuando un mismo activo se transmite a diferentes precios en diferentes mercados, intervienen los agentes con capacidad para comprar y vender, y aprovechan la oportunidad de obtener un beneficio por diferencia entre ambos precios. Esto ocurre durante un tiempo limitado, ya que las leyes del mercado - siempre que este sea transparente y eficiente - actúan hasta que los precios se igualan y desaparece esta oportunidad.

Este efecto de equiparación de precios sería, en teoría, muy favorable a aquellos Estados miembros que financian las medicinas a sus ciudadanos y donde se pagan precios más altos (p.ej. Alemania), y no tanto para aquellos donde se pagan precios más bajos (p.ej. España). El efecto neto derivado de un libre intercambio de medicamentos entre Estados miembros daría con bastante seguridad lugar a un precio medio europeo más bajo, gracias a la mayor competencia. Esto sería muy gravoso para los grandes laboratorios, cuyos esfuerzos para evitar el flujo de medicamentos entre Estados miembros han sido notorios (pueden Ustedes leer mi anterior post, muy relacionado con este, donde aprenderán que en España existió una red de farmacias dedicada al arbitraje).

La protección de la salud debe estar adecuadamente justificada

El segundo punto de la sentencia es, sin embargo, el que más relación guarda con el asunto que dio lugar al nacimiento de este blog. Se pregunta el tribunal si procede enarbolar la protección de la salud de los pacientes como argumento para saltarse los principios de la UE. Recuerden que esta cuestión fue esencial en la famosa sentencia de 2009 sobre los modelos de farmacia alemán e italiano, cuando el TJUE llegó a la conclusión de que debían ser los Estados miembros los que definieran si estaba o no justificado restringir la libre apertura y el acceso a la propiedad de las farmacias bajo el pretexto de proteger la salud de los ciudadanos.

Pues bien, esta nueva sentencia plantea un giro importante respecto al criterio adoptado en 2009. Lo que dice textualmente el TJUE es que "las razones justificativas que puede invocar un Estado miembro deben ir acompañadas de un examen de la adecuación y de la proporcionalidad de la medida adoptada por dicho Estado y de datos precisos en los que pueda sustentarse su alegación". Lo explico por si no se entiende. La sentencia dicta que no es suficiente con que el Estado miembro considere que prevalece la protección de la salud, sino que dicho Estado debe demostrar con datos precisos que esas restricciones son proporcionadas y necesarias o inevitables para proteger la salud de los ciudadanos. ¿Adivinan lo que opina sobre la fijación de precios como medida para proteger la salud de los ciudadanos alemanes? Básicamente, que ninguna institución alemana ha sido capaz de demostrar que esa medida sirva para proteger la salud de nadie y que, más bien, podría resultar perjudicial en la medida en que impide (como en el caso de los pacientes de párkinson de DPV) acceder a mejoras de precios.

Lo importante de esta sentencia no es tanto lo que opine el TJUE sobre la fijación de precios en Alemania, sino la aplicación estricta del artículo 36 del TFUE, y la interpretación de su aplicación. No es suficiente con argumentar que, por poner un ejemplo cualquiera, las restricciones a la libre apertura de farmacias y la reserva de propiedad de las mismas son necesarias para proteger la salud del ciudadano. Según la sentencia, es preciso aportar datos que demuestren que estas restricciones son absolutamente necesarias y que no se puede proteger la salud de los ciudadanos sin recurrir a esas limitaciones. Textualmente, dice el TJUE: "...examinar objetivamente, con ayuda de datos estadísticos, puntuales o por otros medios, si las pruebas aportadas por el Estado miembro de que se trate permiten razonablemente considerar que los medios elegidos son adecuados para realizar los objetivos perseguidos y si es posible alcanzar éstos mediante medidas menos restrictivas de la libre circulación de mercancías". Donde dice libre circulación de mercancías, coloquen Ustedes el artículo 49 del TFUE relativo a la libertad de establecimiento, y ya tenemos montado el lío.

¿Afectará esto de alguna manera al devenir del modelo de farmacia en España y otros Estados miembros donde la libertad está restringida bajo el pretexto de proteger la salud de los ciudadanos? A medio plazo, es inevitable. Es clara la intención de la justicia europea de hacer prevalecer los principios normativos de la UE a toda costa, sin dejarse amedrentar por quienes pretenden restringir la libertad de empresa con los pacientes como eternos escudos humanos, cuando lo que de verdad se protege son los intereses económicos de algunos particulares.

jueves, 11 de mayo de 2017

Un grave mal se oculta en el Modelo Mediterráneo

En una de las primeras escenas de Hamlet, conversan Horacio y Marcelo, y éste le dice a aquel: "Un grave mal se oculta en Dinamarca". En realidad, Shakespeare escribió: "Something is rotten in the state of Denmark", cuya traducción literal sería: "Algo está podrido en Dinamarca".

Sea como fuere, la famosísima frase de Marcelo me sirve para hablarles hoy sobre un grave mal que se oculta en la farmacia española. Digo que se oculta, porque me ha sorprendido la escasa repercusión que ha tenido en los medios de comunicación. Casi todos los artículos que se han hecho eco del caso que voy a relatar han centrado sus mensajes en el archivo de la causa penal por parte del juez Fernando Andreu, y dan escasa o nula importancia a los hechos probados que se relatan de manera profusa en el auto de la Audiencia Nacional, todo ello en el contexto de una operación policial y judicial iniciada en 2014 y bautizada como Operación Convéctor. La única excepción que he encontrado ha sido en algún breve artículo publicado en El Global y escrito por Alberto Cornejo, cuya lectura recomiendo.

Veamos si soy capaz de dar cierta difusión al asunto a través este blog y de otros medios alejados del control del lobby farmacéutico. Me ceñiré de manera estricta al citado auto, cuyo texto íntegro Ustedes pueden leer pinchando en el siguiente enlace:


Los hechos

Recordemos los antecedentes del caso. En 2014 la policía investiga a una farmacia en un pequeño pueblo de Teruel, por un presunto delito de falsificación de recetas, y el Juzgado de Instrucción nº3 de Teruel inicia la instrucción judicial del caso. El titular de dicho juzgado, el juez Jerónimo Cano, empieza a tirar del hilo y se encuentra con una trama de farmacias y almacenes cuyas actividades considera pueden ser delictivas. Nace la Operación Convéctor. La instrucción se va ampliando hasta alcanzar a 86 farmacias en diferentes comunidades autónomas, y al superar el ámbito turolense acaba en manos del Juzgado de Instrucción nº4 de la Audiencia Nacional (en adelante, AN).

Imagínense al Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Comandancia de la Guardia Civil de Teruel desplegando todos sus recursos para desentramar esta maraña de farmacias y almacenes, dedicada a la distribución inversa. Imagínense al juez Cano, tildado en redes sociales de perroflauta demagogo que, "escondido bajo su poblada barba y su estudiado descuidado aspecto" [sic] pretende convertirse en el próximo Baltasar Garzón. Todo muy de película.

El mejor resumen de lo que estaba ocurriendo lo encontramos en la página 5 del auto, donde nos lo explica con claridad:

Llegados a este punto, podría decirse que un grupo de farmacias colaboradoras adquieren medicamentos a precio español, simulando van a ser destinadas a la dispensación a sus destinatarios finales, y lo revenden a varios intermediarios, vendiéndolo uno de estos intermediarios al extranjero a un precio superior al que lo ha adquirido la farmacia (precio internacional) y repartiéndose la ganancia entre los distintos eslabones de la cadena.

Me recreo en algunos de los detalles más escabrosos, citando el auto literalmente. En la zona de Teruel, se citan 9 farmacias y 3 sociedades, cuyo administrador:

El administrador de dichas mercantiles era D. Jesús Miguel , quien, previo envió de correos electrónicos, fijaba los fármacos de que precisaba en una lista que mensualmente enviaba a los farmacéuticos anteriormente reseñados -presumiblemente elaborada por las distribuidoras con las que trabajaba para posteriormente enajenárselos a "EUROPEA DE SERVICIOS Y DISTRIBUIDORES, S.A." (perteneciente a Grupo "Cofares"), "CENTRO FARMACÉUTICO, S.L." y "CHELÍN FARMA".

En su condición de comercial de la zona, D. Bernabé , era perfecto conocedor del modus operandi de la distribución inversa, y prevaliéndose de su cargo o estatus, informaba, fomentaba, ofertaba, inducía y promovía, a las distintas oficinas de farmacia de Teruel para adquirir medicamentos y, posteriormente, introducirlos en el mercado fuera de los canales que la legislación estipula, dedicándolos a la exportación con el consiguiente riesgo de producir situaciones de desabastecimiento. 

Reseñar que la investigada Dª. Elsa tenía un "plus" dentro de dicha organización dado que era quien asesoraba a las demás farmacéuticas de la zona, acometiendo actividades tales como mandarles mensualmente la lista de los pedidos o plantillas que debía completar, mandarles los datos de la empresa o persona a nombre de quien debían realizar la factura para posteriormente mandársela a ella y avisarles cuando el dinero estaba ingresado en la cuenta corriente.

¿Han captado Ustedes la presunta presencia en la trama de cierto grupo cooperativo mayorista de ámbito nacional? No se preocupen que volverá a salir.

Respecto a la creación de situaciones de desabastecimiento, nos cuenta el auto que:

Atendiendo al informe citado de la AEMPS, resulta que en lo que respecta a "RUTHALVIN, S.L." se encontraron medicamentos susceptibles de exportación y que se encuentran en situación de problema de suministro tales como 28 envases de Caverject; 2.765 envases de Paxtibi; 3402 envases de Epanutin; 121 envases de Tegretol y 10 unidades de Neutro 2 mg. Envió Sinemet a Reino Unido, merced a la existencia de una factura de devolución, no constando notificación de envío de este medicamento a otros Estados miembros. Dicho almacén exportaba medicamentos con problemas de suministro y, en el caso del Sinemet, se envió sin notificación a la AEMPS. La citada mercantil envió medicamentos a la República Checa, no habiéndolo notificado previamente a la AEMPS.

Seguro que algún farmacéutico estará leyendo esto y dándose cuenta por fin de porque su mayorista de referencia daba tantas faltas. De nuevo según el auto, vemos el nivel de perfección que había alcanzado la trama en Navarra:

La investigación e instrucción llevada a cabo resulta suficientemente acreditado que. DÑA. Petra es titular de una "farmacia Puente" en Pamplona y de un almacén de distribución sito en Cocentaina (Alicante), teniendo en ambos casos el mismo NIF, siendo ambos facilitados por D. Dimas .

Dicha "farmacia puente" adquiere fármacos tanto de mayoristas y cooperativas (NAFARCO, RIOFARCO, COPARES) como de más de 40 farmacias de toda España, para luego vender a almacenes de distribución tales como LEGOS FARMA S.L., CHELÍN FARMA, S.L., JELPHARMA S.L., EUROPEA DE SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES, S.A., RUTHALVIN, S.L., MUROTH FARMA, S.L. MELYFARMA, S.L.

Si nos atenemos a que Europea de Servicios y Distribuciones (Euroserv) formaba parte del Grupo Cofares, de nuevo encontramos causa para arquear las cejas. ¡Vaya tinglado!

En Andalucía, por último, descubrimos nuevos detalles sobre el modus operandi de esta trama:

En ésa tarea de "limpieza" de los fármacos obtenidos por medio de los negocios con farmacias puente: como las de Encarnacion o Petra - o a través de la compra directa a farmacias - de las que existe una nómina muy elevada al consultar los informes facilitados por Hacienda - entra en juego la empresa "SAYEG", satélite y pantalla de MUROTH, que es quien le factura gran parte de los productos destinados a la exportación.

En el caso concreto de "SAYEG PHARMA, S.L.", sita en Loja (Granada / Andalucía), es utilizada para hacer ver que los fármacos dirigidos a la exportación proceden de otros almacenes distribuidores autorizados y no de farmacias a las que la legislación vigente les prohíbe la venta a mercantiles y fuera de la dispensación final a particulares en establecimiento público, observando en dichos informes la presencia de personas físicas que, en calidad de autónomas - y amparándose en el abono a la Agencia Tributaria del L.A.E.-, acaparan gran cantidad de producto.

Todo el asunto desprende un tufo a corrupción a la altura de los políticos que nos gobiernan. Sociedades pantalla, tareas de "limpieza", una nómina muy elevada de farmacias presuntamente implicadas acaparando grandes cantidades de producto, etc. Pero la cosa no queda aquí, puesto que la trama tiene ramificaciones internacionales, con la implicación de empresas que les sonarán:

Las empresas tanto españolas como extranjeras que mandaban los listados de medicamentos tenían perfecto conocimiento de la procedencia de los mismos. En concreto, BEACH COURSE (filial de la multinacional ALLIANCE BOOTS) manda un listado mensual de productos sobre los que tiene interés, y con base en esos pedidos -unidos a otros de otras empresas - se elabora un listado que es el que al final llega a las farmacias.

Ya ven ustedes que la trama no se reduce a un grupúsculo aislado de boticarios corruptos, sino que presuntamente abarca a una cantidad importante de pequeños empresarios oportunistas ajenos a la profesión, así como a dos de las empresas de distribución más grandes de España, como son el Grupo Cofares y Alliance Boots. Por si nos quedaba alguna duda, el auto nos la aclara en la página 7:

La filial del Grupo Cofares, "EUROPEA DE SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES, S.A." (EUROSERV) - sita en Alicante (País Valenciano) -, cuyos administradores son D. Vicente y D. Eliseo , cuyos negocios o actividades irregulares consistían en facilitar listados de medicamentos de doble precio a los múltiples almacenes de distribución medianos con los que trabajaban, eso es, CHELÍN PHARMA, S.L., ALCODIFAR, S.L., JUELPHARMA, S.L., LEGOS FARMA, S.L., MELYFARMA, S.L., VIRGINIA DE LA VARA INIESTA, MOTRIFARM, S.L., SAYEG, SLMUROTH PHARMA, S.L.,RUTHALVIN, S.L. y ALLIANCE PHARMACEUTICAL SYNERGIES.

EUROSERV tenía una lista muy amplia, de unos 150 productos, y el margen era más elevado, incluyéndose LIRYCA, PULMICORT, ATROVENT, AUGMENTINE, mucho más interesantes y con unos porcentajes más elevados, que eran muy variables. EUROSERV (a través de D. Oscar ) no compraba directamente a VIRGINIA DE LA VARA INIESTA ALMACÉN porque no tenía la licencia mayorista, entonces lo hacía a través de dos almacenes pantalla por medio, eso es, PHARMADISMO y CHELÍN PHARMA de D. Raimundo . El Sr. Dimas, mandaba los medicamentos desde la Farmacia de Petra - y otras farmacias propiedad - a CHELÍN y a PHARMADISMO y de allí iba a EUROSERV. PHARMADISMO y CHELÍN se comprometían a mandar estos medicamentos a EUROSERV llevándose un porcentaje. Cuando VIRGINIA ALMACÉN tuvo licencia de mayorista, como el almacén y la farmacia tenían el mismo NIF; la mercancía iba de la farmacia al almacén y de éste a EUROSERV. Que EUROSERV llevaba el transporte al almacén VIRGINIA y algunas veces fue el propio Sr. Dimas el que lo llevó a EUROSERV. Una vez obtenida la licencia por VIRGINIA DE LA VARA ALMACÉN, entró en contacto con D. Pedro Miguel y éste le pidió más fluidez en las relaciones comerciales, eso es, que les mandara medicamentos una vez a la semana. De igual modo cuando la farmacia de Pablo Jesús - de la que también era gestor D. Dimas alcanzó un acuerdo con D. Pedro Miguel de EUROSERV para que Raimundo DE CHELÍN recibiera la mercancía de COFARES en la farmacia de Pablo Jesús , de allí fuera a CHELÍN y de CHELÍN a EUROSERV.

El flujo descrito en este último párrafo sería el siguiente: Cofares compra medicamentos a los laboratorios, son enviados a la farmacia de Pablo Jesús, de allí pasan por Chelín y de Chelín viajan a Euroserv, filial de Cofares, para ser exportados. Interpreten estos hechos Ustedes mismos o sigan leyendo un poco más abajo:

El mecanismo concreto descubierto, consistiría en que presumiblemente un Gran Almacén Mayorista Nacional programa la forma de obtener ingresos atípicos (no relacionados con su actividad) mediante la venta de medicamentos al extranjero (a precio internacional) que habían sido adquiridos a precio nacional. Para ello crea una trama a través de una empresa del grupo utilizada para ese fin. Las farmacias colaboradoras secundarias compran los medicamentos objeto de tráfico al propio mayorista quien las factura a la farmacia colaboradora primaria y, a través de intermediarios, los medicamentos se transportan hasta la filial, quien los vende al extranjero.

Me pregunto si este levantamiento del velo afectará de alguna manera en el actual proceso electoral que se está desarrollando en "un Gran Almacén Mayorista Nacional".


¿Culpables o inocentes?

Llegamos a febrero de 2017, cuando tras una larga instrucción, la AN acuerda el sobreseimiento provisional y archivo del caso, en lo que se refiere a los presuntos delitos penales que se juzgaban. ¿Se cometieron delitos o no? Veamos que dice el auto, empezando por aquel al que dedica más folios, el delito contra la salud pública.

1. Delito contra la salud pública: Lo primero que nos dice el auto es que la propia AEMPS ha emitido un informe donde califica de "ilícito administrativo" la actividad de las farmacias y almacenes investigados. Queda claro que estas farmacias y almacenes incumplieron las leyes, concretamente la norma suprema que regula la actividad del sector, la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. ¿En que quedamos? ¿Si se incumplió la Ley del Medicamento y así lo da por bueno el auto de la AN, no se ha cometido un delito?

Depende de lo que Ustedes entiendan por delito. Desde un punto de vista jurídico, solo se considera delito si los actos cometidos están tipificados como tales en el Código Penal. En este caso, no sería correcto llamarlo delito, puesto que según la AN no considera que los hechos cumplen los requisitos para entrar en el tipo penal del delito contra la salud pública. 

Según el Código Penal vigente en el momento en que se produjeron los hechos, solo se consideraba delito despachar medicamentos caducados o deteriorados, por lo tanto todo el entramado Convéctor no cabe en este tipo penal. Como dice el propio auto, no tiene sentido que una trama cuya finalidad era lucrarse de manera ilícita con la exportación de medicamentos lo hiciera con medicamentos caducados.

Quizás a Ustedes, como a mí, les produzca cierto desasosiego comprobar como, gracias a un vacío legal, este tipo de conductas ni siquiera se puedan calificar como delitos. Una red de farmacéuticos sin escrúpulos, que operaba a nivel nacional, obteniendo un lucro personal con medicamentos que estaban en riesgo de desabastecimiento, contraviniendo la normativa sanitaria y poniendo en peligro la salud de sus pacientes, no es delito porque no está recogido en el Código Penal. El propio auto da por buenas las conclusiones de la investigación realizada por el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil, donde se repite una y otra vez que los medicamentos exportados estaban en riesgo de desabastecimiento:

Los informes aportados a las diligencias informan de la situación de desabastecimiento de fármacos en el mercado, y con el posible perjuicio a consumidores y pacientes (ocasionando las llamadas "lagunas terapéuticas") lo son desde luego a nivel de todo el territorio nacional.

2. Delito de estafa a la Administración Pública: Es evidente que si consideramos como hechos probados - cosa que hace el auto de la AN - que las farmacias compraban los medicamentos a PVL pero no los dispensaban a pacientes, existe un potencial perjuicio para la administración sanitaria. ¿Tampoco aquí la AN ha visto delitos? Digamos que en su auto, la AN no niega la existencia de prácticas que pudieran ser consideradas como estafa, pero al no haber sido capaz la propia administración (en este caso el SALUD aragonés) de cuantificar los daños económicos, no puede cuantificar el perjuicio. Al no poder determinar el importe de lo defraudado, no se puede condenar.

De nuevo, un tecnicismo provoca que una conducta claramente perjudicial para las arcas del sistema público sanitario (y por tanto para el bolsillo del contribuyente), quede sin castigo. Para colmo, del delito de estafa cuelga el de blanqueo de capitales, por tanto al no poder cuantificarse el primero, queda sin posibilidad de aplicación del segundo. Buena carambola.

3. Delitos contra la Hacienda Pública: Es lógico pensar que la actividad desarrollada por las farmacias y almacenes de la trama Convéctor no se declaraba al 100% a Hacienda, y así parece indicarlo el auto al citar varios informes de la Agencia Tributaria. Sin embargo, la mayoría de casos, farmacia a farmacia, no llegan al importe mínimo defraudado para ser considerados delito contra la Hacienda Pública (120.000 €). En aquellos donde sí llega, los que afectan a algunos almacenes de Granada, la AN se inhibe por carecer de competencias y los deja en manos de los juzgados de dicha provincia.

4. Delito de Organización Criminal: Si esto no era una organización criminal, que baje Dios y lo vea. Sin embargo, puesto que la distribución inversa no ha sido tipificada como delito, por mucha organización que hubiera - y ven Ustedes que la había - esta no puede ser calificada de criminal. Una cosa lleva a la otra y los capos de toda esta trama ven como la guillotina les pasa, milagrosamente, a unos milímetros del gaznate.

Resumiendo. En este país no es delito montar una red nacional de farmacias y almacenes para estafar a la administración pública y a los laboratorios, incumpliendo de manera flagrante la normativa sanitaria y poniendo en riesgo la salud de los pacientes. No estaba tipificado como delito en el código penal así que no es delito. Y puesto que la propia Administración no ha sido capaz de cuantificar el perjuicio que se le ha causado, tampoco hay delito de estafa.

¿Son los farmacéuticos y mayoristas implicados en la causa culpables? Ustedes dirán. Lo que está claro es que si no hay delito penal no habrá penas de cárcel, como mucho sanciones económicas y administrativas.

Fíjense como en este país todo lo malo se pega y siguiendo el ejemplo de tantos políticos que hemos visto desfilar por los banquillos, algunos de los implicados en la trama se ponen ahora estupendos y amenazan con querellarse contra el juzgado turolense que destapó la trama. Qué descaro.

Algo está podrido en el Modelo Mediterráneo

No podemos obviar el enorme alcance del caso, ni la implicación directa o indirecta de algunos de los agentes más importantes de la cadena de suministro de medicamentos en España. Más allá de la falta de escrúpulos de un grupo más o menos nutrido de farmacéuticos y pequeños empresarios oportunistas, es evidente que el sistema hace aguas.

Lo expliqué en enero de 2013, en el artículo que inauguró este blog, y me tacharon de alarmista. Son casos aislados, me dijeron. ¿Les suena? No es que yo estuviera especialmente bien informado o fuera un topo del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga de la Guardia Civil. Lo grave de este caso es que era conocido por la mayoría de responsables de la mayoría de laboratorios y mayoristas que operan en España. Esto lo sabía todo el mundo, y había mucha gente participando de los beneficios.

Las grandes multinacionales farmacéuticas llevan años intentando poner coto a la exportación de medicamentos, por cuanto les duele en la cuenta de resultados. Primero eran los mayoristas los que exportaban en cantidades industriales, provocando sin escrúpulos el desabastecimiento de medicamentos críticos para la salud de los pacientes. No se libraron casi ninguna de las cooperativas farmacéuticas, propiedad de los titulares, a las que estos debieron haber controlado. Este desabastecimiento provocó un nefasto efecto secundario puesto que la reacción al problema de las faltas tuvo como respuesta la proliferación innecesaria de almacenes mayoristas, al buscar el farmacéutico honrado e ignorante de la perversión del sistema, una fuente alternativa para dar mayor seguridad a su suministro. Más almacenes y mayor coste para el sistema y para los propios boticarios.

Luego los laboratorios inventaron el doble precio - bien descrito en el auto de la AN - y evitaron que los mayoristas exportaran, hasta que alguien (en este país hay mucho capital intelectual) inventó los esquemas que la instrucción de este caso ha desvelado. Mayoristas que venden a farmacias, que revenden a almacenes pantalla, que a su vez revenden a los mayoristas para que estos puedan exportar los medicamentos, obteniendo una fuente adicional - e ilícita - de beneficios.

Como decía en 2013, el principal argumento del binomio titularidad propiedad es la profesionalidad del farmacéutico, que teóricamente es mejor garante de independencia y evita poner lo económico por encima de la salud. Utilizar la profesionalidad como argumento es especialmente peligroso cuando ha quedado demostrada la existencia de situaciones de incumplimiento generalizadas, precisamente poniendo la economía por encima de la salud.

Repito ahora lo que decía entonces: Sin duda, un modelo liberalizado no garantiza un control sanitario completo, pero no hay tampoco forma de demostrar que los incumplimientos serían peores que los actuales, y mi sospecha es que funcionaría mejor.

Es probable que el desenlace de la Operación Convéctor no tenga un efecto directo sobre la liberalización de la farmacia española, pero no me cabe duda de que la AEMPS - cuya capacidad de control ha quedado en evidencia - habrá tomado buena nota del modus operandi de esta trama. Corresponde ahora al poder legislativo promover los cambios necesarios para que este tipo de delitos no queden impunes.

viernes, 24 de junio de 2016

Una razón para el "Sí" a la fusión de cooperativas

Mañana se somete a votación la fusión entre las cooperativas que forman el Grupo Farmanova (Cofaran, Cofarte, Cofarca, Cofex, Hefaral, Hefagra, Xefar y Jafarco), Cofarcir y Cecofar. Los socios de todas estas cooperativas se reunirán en asamblea general extraordinaria para decidir el futuro de esas empresas de las que son propietarios. No me digan que este trascendental plebiscito no viene en un momento oportuno, precisamente cuando se acaba de celebrar el referendum en el que el Reino Unido ha decidido salir de la Unión Europea.

La votación de mañana en estas cooperativas farmacéuticas guarda una importante similitud con el referendum del Brexit: Los que van a votar no tienen la más remota idea de las consecuencias que esa decisión puede tener, y van a votar basándose en lo que les ha dicho una persona presuntamente autorizada para opinar (yo mismo, por ejemplo) o simplemente en sus sentimientos. Ya es tarde para informarse bien sobre esta decisión, así que van a tener que fiarse Ustedes de lo que lean en este u otros artículos, o de lo que les dicte su corazón.

Me preguntaba uno de mis seguidores en Twitter mi opinión sobre un artículo titulado "10 razones para el 'No' a la fusión de Cooperativas", escrito por Guillermo Schwartz, un socio de Cofarte, la cooperativa de Tenerife. Antes de nada, he de decir que respeto profundamente las opiniones del Sr. Schwartz y es de agradecer que algún medio publique alguna opinión favorable al 'No', en medio de esta empalagosa y sospechosamente uniforme campaña a favor del 'Sí' con la que nos han bombardeado los medios afines al régimen estos días. Aparte del artículo del Sr. Schwartz, solo he encontrado un movimiento contrario a la fusión liderado por un grupo de ex-consejeros de Cofaran, cuyas ideas pueden leer en este blog: https://procesofusion.wordpress.com/

Por otro lado, los argumentos que todos los próceres del sector están dando a favor del 'Sí' me parecen bastante pobres. Que si el objetivo de la fusión es fortalecer el modelo farmacéutico, que si es para desarrollar mejor los servicios profesionales, que si es para ganar músculo financiero... Todo esto son mantras que solo buscan tocar la fibra sensible, a falta de un argumentario más sólido - y probablemente de un votante mejor formado para entenderlo - para provocar ese voto basado en el sentimiento. Es lo que coloquialmente llamamos demagogia o populismo, tan de moda en estos tiempos.

Dicho esto, si yo fuera socio de cualquiera de estas cooperativas, votaría que sí por una sola razón que puedo resumir en la siguiente frase: Voten sí, por la cuenta que les trae. Pero antes, algún comentario sobre el artículo del Sr. Schwartz.

El primer argumento que esgrime el Sr. Schwartz es puramente económico y hace referencia a que la valoración de sus aportaciones es insuficiente porque las cooperativas canarias valen más de lo que sus socios van a obtener en forma de capital en la nueva cooperativa. Este tipo de comentarios son síntoma de ese egoísmo tan contrario al espíritu cooperativo y que, antes o después, acabará con este movimiento de origen social y solidario. Por otro lado, es un comentario absurdo. Las cooperativas no valen nada, porque los beneficios futuros que puedan obtener están basados en las ventas que esta pueda hacer a sus propios propietarios. Es una pescadilla que se muerde la cola, son los propios socios los que hacen que sus acciones valgan más o menos en función de lo que compran.

Tampoco puedo estar de acuerdo con el argumento de la singularidad canaria, por mucho que esté reconocido por la Unión Europea. Antes o después, los farmacéuticos se tendrán que enfrentar a la cruda realidad de que, en este mundo moderno, la competencia no es a escala provincial, ni siquiera nacional, sino global. Las multinacionales que pretenden hacerse con el negocio de la distribución minorista, la singularidad canaria se la pasan - disculpen la grosería - por el forro de sus caprichos. La única singularidad de las Islas Canarias para estas multinacionales (y esto va por los compañeros baleares que han cometido el error, a mi juicio, de bajarse del carro) es que están llenas de turistas europeos con el bolsillo lleno y necesitados de productos farmacéuticos. Así que el día que puedan, estarán Ustedes los primeros de su lista.

El resto de argumentos de D. Guillermo he de decir que me parecen lógicos. Por ejemplo, cuando dice que en un país con la sanidad descentralizada, es peligroso alejarse de esa interlocución directa con las administraciones autonómicas. Es un argumento a tener en cuenta. También comparto esa afirmación de que un proyecto de este tipo no puede centrarse en el reparto de los 25 sillones que conformarán el futuro consejo rector. Yo iría más lejos y diría que 25 sillones son demasiados sillones para una empresa que pretenda tomar decisiones a la velocidad que el nuevo contexto va a requerir. Déjense de politiqueos y de contentar a todo el mundo y pongan en el consejo rector a 10 farmacéuticos con criterio empresarial (no se si hay tantos como 10 en toda España, pero bueno). Otro argumento de peso es el de las sinergias que menciona el Sr. Schwartz. ¿Cómo se pretende justificar un proyecto de esta envergadura con sinergias por valor de 10 millones de Euros, cuando el grupo va a facturar 2.500 millones al año? Es comprensible que en este momento, los consejos rectores de las cooperativas implicadas no puedan ser excesivamente transparentes con las consecuencias que esta fusión debe tener si se pretende un verdadero saneamiento económico: Cierre de almacenes, despidos de directivos, empleados, optimización de repartos, etc. Como ellos no se lo van a decir, se lo digo yo: Prepárense para un proceso duro de ajuste, prepárense para las movilizaciones de los trabajadores, para los socios descontentos que se pasarán a la competencia, y otros efectos secundarios propios de una fusión en la que existen tan evidentes duplicidades.

Compartiendo algunos argumentos con el Sr. Schwartz, y sin dejar de ser crítico con la manera en que los promotores de este proyecto pretenden convencer a los socios, les voy a explicar los motivos por los que yo creo que deberían de votar 'Sí' a esta fusión. Estoy seguro de que ninguno de ellos se le oculta a los prohombres de la distribución que están detrás de este proceso, fundamentalmente los Sres. Mingorance y Pérez-Ostos. Lo que ocurre es que ellos nunca se van a atrever a contarles la cruda realidad y yo sí.

La liberalización de la oficina de farmacia en España es inevitable. Tardará en llegar un año o un lustro, pero va a llegar y los que cortan el bacalao en la industria y la distribución lo saben perfectamente. En un nuevo contexto donde la propiedad de la farmacia este abierta a las personas jurídicas y donde la apertura de farmacias en núcleos urbanos esté menos restringida de lo que está ahora, el mercado se lo van a disputar empresas muy poderosas, cadenas de farmacias de ámbito no ya nacional sino internacional. Walgreens, Lloyds, CVS, Well, todas ellas desembarcarán con estas marcas u otras adaptadas al público español. Va a ser una guerra sin cuartel, donde el farmacéutico independiente quedará a merced de estos gigantes y donde el actual modelo cooperativo, con empresas de ámbito regional y un grado de integración vertical de bajo compromiso no servirán. El objetivo de esta fusión no es defender el modelo como algunos pretenden hacerles creer. El objetivo es salvar los muebles ante la inevitable e inminente destrucción del Modelo Mediterráneo. Hagan el favor de mirar hacia el Mediterráneo y díganme como ven el futuro del Modelo. Pues eso.

Están Ustedes a tiempo, ahora que no va a haber un gobierno español fuerte capaz de hacer reformas, ahora que la UE va a tomarse unos años de digestión del Brexit. Están a tiempo de preparar estructuras más potentes, con mayor poder de negociación frente a una industria farmacéutica que, no les quepa duda, acabará seleccionando a qué distribuidores suministra y a quienes no, como hace en otros países. Entidades con suficiente relevancia nacional como para influir en las decisiones de los gobiernos nacional y autonómico, como hacen todas las grandes empresas. Empresas que sean capaces de superar esa monstruosidad del despilfarro que supone la actual logística farmacéutica, esa que tanto les gusta y que llaman eficiente, cuando es todo lo contrario. Grupos integrados verticalmente capaces de ofrecer a la industria control sobre el punto de venta, que es en última instancia lo único que valora aquella. Capaces, ya que les gusta tanto hablar de servicios, de desarrollar y comercializar servicios de manera homogénea, que es la única manera de que alguien pague por ellos. Olvídense de los colegios, las sociedades profesionales, las patronales de boticarios. Todos estos órganos van a desaparecer y el poder estará, como en todos los demás sectores, en las corporaciones, en las grandes empresas que sean capaces de hacerse con el corazón y el bolsillo de sus clientes. Comprendo que les disguste que hable de sus clientes, y comprendo que hagan muecas cuando hablo de bolsillos, y no de pacientes. Pero seamos francos con nosotros mismos, como leí hace poco en un blog, esto es un puro negocio.

Hablando de negocios y de músculo financiero, no me canso de repetir que una fusión no sirve para reducir deudas, a no ser que se pretenda liquidar algún activo, que no me consta que esté en la agenda de nadie. Ninguna de las cooperativas que van a esta fusión tiene un balance excesivamente bonito y algunas lo tienen bastante feo. El problema no se soluciona con una fusión, el problema se solucionará cuando los dueños de estas empresas dejen de tener el 98% de su patrimonio a título individual y solo un 2% en el capital de la cooperativa. En otras palabras, mayor compromiso y menos egoísmo.

Este proceso es inevitable. ¿Por qué si no ya se están sumando otras cooperativas como la gallega Cofaga, cuando la fusión ni siquiera se ha aprobado? De aquí a unos pocos años no van a existir cooperativas regionales o provinciales en España, ni siquiera en las islas. Así que sean proactivos y no esperen a que sea demasiado tarde, a entrar a última hora pidiendo sopitas y teniendo que hacer concesiones a un grupo ya constituido donde las reglas del juego las marque otro.

Por eso les recomiendo fervientemente que voten 'Sí' a esta fusión. Voten 'Sí' por una sola razón. Voten 'Sí' por la cuenta que les trae.

martes, 18 de noviembre de 2014

Los médicos opinan sobre la farmacia

Estaba yo plácidamente dormido en las profundidades del océano digital cuando me ha despertado una sirena. Una sirena de la Guardia Civil, se entiende. Incapaz de conciliar el sueño, he decidido retomar el blog y las redes sociales, y aquí me tienen dispuesto a abrir nuevos y viejos debates.

Claro está que las cosas han cambiado mucho durante esta breve siesta de dieciocho meses. En mayo de 2013, aunque a los viejos economistas reumáticos nos dolían las articulaciones - señal inequívoca de que la presión sobre nuestra economía estaba bajando - lo cierto es que la famosa y ahora olvidada prima de riesgo estaba en unos 300 puntos, y ahora en noviembre de 2014 está la cosa de lo más aburrida.



Quiero decir con esto que la presión de los prestamistas (el BCE) sobre nuestros gobernantes era entonces mayor de lo que es ahora, en el sentido de hacer reformas estructurales, incluyendo la liberalización de ciertas actividades profesionales excesivamente reguladas a ojos de la UE.

Las cosas como digo han cambiado, y ahora la presión no es económica sino social. Un nuevo partido político llamado Podemos amenaza con sacar del poder a los partidos que nos han gobernado desde 1982, y tiembla el Establishment. La reacción espontánea del partido que gobierna parece haber sido la de vaciar el pozo séptico, cosa muy recomendable e higiénica por otro lado. La sociedad española traduce su hartazgo en intención de voto y cada nuevo escándalo incrementa las posibilidades de un cambio estructural. Pablo Iglesias y el Gran Wyoming ni siquiera tienen que hacer bien su trabajo, se lo hacen otros.

Y en mitad de este ambiente de indignación, a un juez de Teruel le da por ponerse a investigar y destapa varias redes de farmacéuticos y distribuidores en las que encuentra indicios de cinco delitos: Contra la Salud Pública, Contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, Falsedad Documental, Blanqueo de Capitales y Pertenencia a Grupo Criminal.

Casi nada. Como digo, el momento no puede ser más inoportuno. Sobre todo cuando la Ley de Servicios Profesionales en estos 18 meses de letargo ni siquiera ha llegado a Proyecto de Ley y sigue siendo un anteproyecto. Pero este tema lo retomaremos si les parece otro día, quizás cuando la Ley haya sido publicada en el BOE y tengamos por fin alguna certeza. Ya se pueden dar prisa, no sea que le corresponda a un Ministro de Economía de Podemos legislar el asunto, con imprevisibles consecuencias.

Hoy quería tratar brevemente el informe de la Organización Médica Colegial. Me sorprende esta colleja del organismo que representa a los colegios de médicos españoles, que a juzgar por la reacción de los farmacéuticos ha escocido bastante. No es para menos, si nos fijamos en algunos de los argumentos de los médicos, y cito textualmente:

"Por último, las oficinas de farmacia, bajo el denominado coloquialmente modelo mediterráneo, constituyen un monopolio artificial, que precisaría no sólo de un rediseño organizativo de los sistemas operativos y de dispensación, sino también una regulación que impulse determinados instrumentos de competencia interna y un mercado liberalizado propio de una economía moderna y de una gestión socialmente eficiente; todo ello, con todos los derechos exigibles a un servicio público que garantice la seguridad jurídica y los derechos de la propiedad."

Mi particular traducción de este párrafo es la siguiente:

1. Los sistemas operativos y de dispensación de la farmacia no son suficientemente buenos y habría que rediseñarlos.

2. El llamado coloquialmente Modelo Mediterráneo es un monopolio indeseable. No hay suficiente competencia entre farmacias y habría que impulsar una regulación encaminada a establecer un mercado liberalizado "propio de una economía moderna".

Hasta aquí, estoy muy de acuerdo con los médicos. 

"La otra pregunta sería, ¿en cuánto se podría cuantificar el ahorro si desaparecieran las OF y el monopolio de la distribución? Con independencia del posterior retorno de las OF actualmente a la Hacienda Pública en función de sus ventas, sería muy útil estudiar si el incremento del coste de un medicamento en un 38,7% para el usuario, justifica el servicio recibido en términos de beneficios menos riesgos añadidos, más allá de la prescripción, y otro tanto con el incremento del 11,78% de la distribución mayorista."

Traducido: Con el margen de la distribución mayorista y el margen de dispensación de la farmacia, se podría montar un sistema de distribución de medicamentos a escala nacional, que sería más eficiente en términos de coste que el actual.

Esta es una afirmación difícil de demostrar, y tampoco se molesta la OMC en presentar las bases de ese modelo alternativo ni cómo sería la transición desde el actual al futuro. En mi humilde opinión, esta parte del informe se la podrían haber ahorrado. No es lo mismo que un bloguero sin oficio ni beneficio como yo suelte boutades para provocar debates que el máximo órgano de representación de los médicos plantee hipótesis sobre asuntos que no son de su incumbencia sin el más mínimo análisis o explicación. Se arriesgan a que, por ejemplo, el CGCOF publique un informe en el que diga que sería muy útil estudiar si el coste que supone la suma de los sueldos de todos los médicos que trabajan para la sanidad pública justifica el servicio que estos prestan a los pacientes.  

A continuación el informe plantea una serie de reformas estructurales:

"1.- Las farmacias debieran ser concesiones temporales, obtenidas por sistema meritocrático, y retornar el derecho de la autorización a la Administración por jubilación, renuncia o defunción del titular. Entendemos que una Autorización Administrativa no debe ser, en el ámbito sanitario público, objeto mercantil en sí misma.

2.-La directiva de la Comisión Europea de Liberalización de Servicios para aumentar la competencia, deberá ser aplicada efectivamente al ámbito de las oficinas de farmacia para mejorar la profesionalización de este servicio público y la eficiencia social."

Traducción:

1. No queremos que se pueda traficar con las concesiones administrativas, ni que estas sean hereditarias.

2. Hay que eliminar las barreras a la libre competencia que existen hoy en día en aplicación de la normativa europea y eliminar la reserva de propiedad tal y como se establecía en el primer borrador de la Ley de Servicios Profesionales.

A los lectores habituales del blog no les sorprenderá mi opinión sobre estas dos reformas estructurales que propone la OMC: ¡Bravo! El único matiz que se me ocurre es que no le corresponde a la OMC opinar sobre la regulación de la competencia, que es un asunto económico más que sanitario. Es como si el colegio de economistas opinara sobre la mejor manera de diagnosticar a los pacientes. Pero me alegro de que sean los médicos precisamente los que piden la liberalización de la farmacia: Si ésta fuera tan mala para la salud de los pacientes como pretenden algunos, sería raro que los médicos la apoyaran. 

Por último, y referido al mundo de la distribución mayorista la OMC se mete en camisa de once varas:

"Desde esta dinámica de transformación del sector manufacturero de nuestro País, también pudiera plantearse de forma simultánea un proceso de integración vertical hacia adelante que incluyera en la reestructuración a la distribución mayorista, dada la actual fragmentación e ineficiencia estructural de esta función logística en el sector sanitario. Las actividades y operaciones propias de este sector de la distribución pudieran articularse bien en un cluster empresarial diferenciado, o en un prototipo spin-off promovido por el grupo de empresas big-pharma , obteniéndose en este proceso de integración y desintermedicación, economías de escala y logística de distribución más eficiente."

Y en las reformas propone:

"5.- Integrar verticalmente actividades y funciones de la cadena de valor farmacéutica entre el sector manufacturas y la distribución.

6.- Modificar los mecanismos que rigen los circuitos de distribución con alternativas más eficientes manteniendo la cadena de valor del sector farmacéutico."

Traducido: A los médicos les gustaría que las grandes multinacionales farmacéuticas compraran las empresas de distribución mayorista que existen ahora mismo en España, y una vez compradas se dedicaran a cerrar los almacenes que sobran y a racionalizar el servicio en términos de surtido, frecuencia del pedido y tiempo de entrega a la farmacia.

No les falta razón en lo que se refiere a la ineficiencia de la distribución mayorista, ya que efectivamente en España sobran muchos almacenes. También es verdad que las farmacias reciben demasiados pedidos al día y en un plazo de entrega absurdamente corto, todo lo cual encarece la distribución mayorista innecesariamente. Sin embargo, creo que la OMC se mete en un barrizal al proponer la solución a este problema y demuestra que está opinando sin haber estudiado bien el problema. La distribución mayorista en España se compone de dos tipos de empresas: Cooperativas de servicios cuyos propietarios son las farmacias y una multinacional llamada Alliance Healthcare cuyo máximo accionista es la americana Walgreens. Por tanto si los laboratorios quisieran hacer una integración vertical hacia delante, tendrían tres alternativas:

1. Comprar Walgreens, si se deja.

2. Comprarles la empresa a los farmacéuticos, si se dejan,

3. Montar su propia distribución mayorista. Esta última opción se ha intentado muchas veces, y todas ellas han funcionado mal.

En todo caso, el mercado de distribución mayorista es abierto e impera la libre competencia por lo que estas opciones no se pueden forzar, opinen lo que opinen los médicos. Salvo que en el mismo informe se hable al mismo tiempo de liberalizar la farmacia e intervenir la distribución mayorista, lo cual sería una animalada.

En conjunto, creo que la OMC se podría haber ahorrado este documento, pese a que estoy muy de acuerdo con algunas de sus propuestas. En la parte que conozco mejor (no opino sobre toda la parte referente a los medicamentos) hay opiniones poco fundamentadas y bastantes incongruencias.

En fin, queridos lectores, queda como siempre abierto el debate en Twitter o a través de los comentarios (sin censura) en el blog. Encantado de volver a dialogar con Ustedes.

viernes, 10 de mayo de 2013

Un tiro en el pie

Ésta semana se presentó el estudio que la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles - en adelante, la FEFE - ha encargado al Departamento de Organización de Empresas de la Universidad Complutense, bajo éste prometedor título: El Impacto del Cambio de Regulación sobre el Acceso a la Propiedad de las Oficinas de Farmacia. Vaya por delante que el estudio me parece bueno, por que es conciso y está bien documentado, aunque no comparta sus conclusiones.

Para aquellos lectores del blog que no lo hayan leído, está a su disposición en este enlace:

Es práctica común esto de encargar a una universidad un estudio para refrendar las ideas que uno quiere defender, buscando un marchamo de objetividad y base científica. Se hace en todos los sectores y en el sanitario es una costumbre muy arraigada, y que gusta mucho a los periodistas. El titular, un estudio de la Universidad de Michigan demuestra, etc., está muy visto. Es muy habitual por otro lado que unos meses - o años - después salga un estudio de otra universidad que diga precisamente lo contrario. Pero esa es otra historia.

Lo que no es tan común es encargar un estudio y que el contenido del mismo esté repleto de datos y estadísticas que aquellos contrarios a tus tesis puedan utilizar para defender precisamente lo contrario. El estudio en cuestión es, desde mi punto de vista, un inoportuno disparo en el pie de los titulares de oficina de farmacia que forman la propia FEFE.

Me explico con varios ejemplos:

1. En la página 9, aparece un gráfico donde se expone el gasto farmacéutico total por habitante en Europa, distinguiendo países en los que la propiedad de la oficina de farmacia está limitado, de aquellos en los que es libre. El propio profesor Sandulli, autor del estudio, admite que "no existe relación estadísticamente significativa entre ambas variables". Esto se aprecia muy bien en los datos, donde aparecen países como Alemania o Francia (con la propiedad limitada) con gastos por habitante que equivalen al 160% de otros como Noruega o la República Checa, con acceso libre a la propiedad.

2. En la página 10, aparece un gráfico que relaciona el crecimiento del gasto farmacéutico por habitante en el periodo 2006-2010 con el régimen de acceso a la propiedad de la farmacia. Las conclusiones de los datos expuestos son bastante similares, aunque la correlación es algo menos débil. Países como Holanda, Portugal o Noruega (con libre acceso a la propiedad) han contenido mejor sus gastos que otros como España o Alemania, donde existen limitaciones.

3. En la misma línea, y rompiendo uno de los grandes mitos del colectivo de titulares, en la página 11 aparece un gráfico que relaciona acceso a la propiedad con el precio medio de los medicamentos, tomando como base 100 el precio en Suecia. Una vez más, países como Alemania (131) o Dinamarca (118), con propiedad restringida, aparecen muy por encima de Holanda (96), Noruega (91) o Reino Unido (84), donde la propiedad es libre. 

En las conclusiones (pag. 26) el estudio expone que "El cambio en el régimen de acceso a la propiedad de la oficina de farmacia no está relacionado con un ahorro en el gasto farmacéutico asociado a la receta del SNS". Los datos refrendan esa conclusión, pero también refrendarían esta otra, "El cambio en el régimen de acceso a la propiedad de la oficina de farmacia no está relacionado con un aumento en el gasto farmacéutico asociado a la receta del SNS". La redacción más precisa conforme a los datos expuestos es que no se puede demostrar que el régimen de acceso a la propiedad de la oficina de farmacia aumente o disminuya el gasto farmacéutico.

Este es el momento en que algún prohombre de FEFE intervendría diciendo: Entonces, si el libre acceso a la propiedad no ahorra gasto, ¿porqué cambiar el statu quo? Mi respuesta, a la vista de estos datos sería, ¿porqué no cambiarlo, si está visto que tampoco tiene porque aumentar?

Conclusión que yo extraigo de este punto: Se puede eliminar la reserva de propiedad a favor del farmacéutico sin temor a que el gasto farmacéutico aumente.

Estos datos tienen su explicación que, a falta de alguien experto en la materia - seguro que la Universidad Complutense tiene alguno - opine en sentido contrario, es bien sencilla. En la mayoría de los países europeos los precios de los medicamentos están regulados, y en muchos de ellos para fijar los precios se tomar como referencia los de otros países europeos. De ahí que las limitaciones a la propiedad no tengan, por si solas, tanta influencia como pretende vendernos la FEFE sobre el gasto.

4. Continua el estudio y en la página 14 aparece un gráfico relacionando régimen de propiedad con el nivel de concentración del mercado mayorista, expresando la suma de cuotas de mercado de los 6 grandes distribuidores europeos (Celesio, Phoenix, Alliance Healthcare, Sanastera, Oriola y Mediq). En países como Francia o Finlandia, con propiedad restringida, estos 6 acaparan casi el 100% del mercado, mientras que en Bélgica, Eslovaquia, o Polonia, el mercado está mucho más atomizado.

¿Dónde está la tan temida concentración? ¿Dónde están las cadenas y porqué no aparecen? Sinceramente, mis conocimientos no van tan lejos como para explicar porqué en unos países hay más concentración que en otros, pero si puedo alcanzar una conclusión preliminar: Que la eliminación de restricciones a la propiedad no siempre provoca una mayor concentración.

Curiosamente, el autor del estudio parece olvidar las estadísticas cuando formula su conclusión en este aspecto al afirmar que el cambio en el régimen de propiedad producirá muy previsiblemente una concentración de la misma. Ahí, desde mi punto de vista, peca de falta de rigor, a la vista de los datos.

5. En la siguiente página (15) se expone un gráfico que relaciona régimen de propiedad y número de habitantes por farmacia. Una vez más el propio estudio admite que "no existe una correlación significativa entre el modelo de propiedad y la densidad de oficinas de farmacia en un país", conclusión que se aprecia al primer vistazo del gráfico. En él aparecen Austria (6.700 hab/farmacia), Finlandia (6.615) o Dinamarca (17.252), con ratios altísimos compatibles con propiedad restringida, y por otro lado Bélgica (2126), Estonia (2.800) o Bulgaria (1.750) con ratios más bajos, compatibles con el libre acceso a la propiedad.

Es lógico que no exista una correlación, puesto que la densidad de población no se ha tomado como variable a la hora del análisis. El autor y quien ha pagado el estudio sabrán porqué han omitido este dato, que hubiera sido interesante. Sin él, la conclusión evidente es que liberalizar la propiedad no tiene porque reducir el número de habitantes por farmacia, y por tanto la capilaridad.

A mi, como economista y como contribuyente, la gráfica en cuestión me lleva en todo caso a cuestionarme si no es más productivo y más eficiente un modelo en el que cada farmacia abastece a 10.000 habitantes como el sueco, que uno como el griego donde cada farmacia sólo abastece a 1.000. Al final, los costes fijos de cada establecimiento, se pagan con los impuestos de todos y quizás deberíamos empezar a pensar en estos términos, y no tanto en términos de capilaridad. Pero ese es otro debate, para otro post.

***

En fin, como ven el estudio es interesante, aunque no muy favorable a los intereses de quienes pretenden impedir que el Gobierno, en cumplimiento de sus compromisos con la UE, elimine la reserva de propiedad a favor del farmacéutico en la próxima Ley de Servicios Profesionales. Cosa que previsiblemente ocurrirá a lo largo del segundo semestre de 2013.

Al margen de las estadísticas, el estudio tiene cosas curiosas. En la página 22, dice que "la eliminación de restricciones en el acceso a la propiedad de farmacia provoca que los empleados prioricen su faceta comercial frente a su faceta sanitaria y que en países con farmacias liberalizadas la responsabilidad de la gestión de la oficina de farmacia suele recaer en personal no farmacéutico". En este sentido cabría decir que en España, donde la propiedad está restringida, también ocurren estas cosas y no hay manera de impedirlo o de demostrar que ocurre en mayor o menor medida que si la propiedad fuera libre. Quienes hemos trabajado en este sector durante años sabemos que hoy en día priorizar la faceta comercial es una necesidad vital para cualquier farmacia y que la gestión de la farmacia en muchos casos no recae sobre el titular, como sería deseable. Por otro lado, aparte de citar estudios elaborados por autores con apellidos muy sonoros (Gorecki, Taylor y Harding, etc.), tampoco se aportan datos que lo corroboren, seguramente porque no existen.

También me ha hecho gracia - y con esto termino - el apartado octavo, donde nos explica que la distancia media a una farmacia, si se liberalizara la propiedad (y nos encontráramos de pronto en el apocalíptico modelo anglosajón del Reino Unido) pasaría de 800 metros a 1.300 metros. Yo, sinceramente, si pongo en un plato de la balanza que los ciudadanos de este país tengan que caminar 500 metros más para ir a por sus medicinas, y en el otro que se cumpla un principio constitucional - y de la UE - como es la libertad de empresa, lo tengo claro: Vayan comprando unos zapatos más cómodos.

viernes, 19 de abril de 2013

El farmacéutico, en la encrucijada

Lejos de disiparse las dudas sobre la futura Ley de Servicios Profesionales y si ésta eliminará la reserva de propiedad de la oficina de farmacia a favor del farmacéutico, la incertidumbre cada vez es mayor y los rumores afloran aprovechando este caluroso inicio de primavera.

Que la Ley de Servicios Profesionales está a punto de salir a la luz, en forma de Anteproyecto de Ley, parece cosa segura. Bruselas aprieta, los indicadores económicos no acaban de remontar el vuelo y los ministros de Economía y Hacienda empiezan a ser, de nuevo, protagonistas de las noticias (esto es, cuando les queda hueco tras la inevitable procesión de corruptos). El Presidente del Gobierno, a su manera, avisa de nuevos cambios. Luis de Guindos, concretando, dice que tratarán de eliminar barreras cuando consideren que no existen razones que justifiquen su existencia y cuando éstas únicamente se deriven de "tradición o de corporativismos". Algún farmacéutico ya se ha dado por aludido, con cierta visión de futuro. Incluso se baraja una fecha, el 26 de abril, para la presentación de una nueva batería de reformas estructurales entre las que podría incluirse el esperado Anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales.


Solo quedaría, por tanto, disipar la duda de si la disposición final novena que se incluye en el borrador se mantendrá en la versión definitiva de la norma que salga de las Cortes. Dicha disposición final novena dispone la modificación del artículo 103.4 de la Ley 14/1986, cuya redacción actual es esta: "Solo los farmacéuticos podrán ser propietarios y titulares de las oficinas de farmacia abiertas al público". Con la entrada en vigor de la LSP, dicho artículo 103.4 quedaría redactado de esta manera: "Las oficinas de farmacia abiertas al público deberán contar con un director que será un farmacéutico responsable de garantizar el servicio a los usuarios". El texto completo del borrador lo tienen a su disposición en este enlace:


Llegados a este punto y ante la inminencia de lo que podía ser una revolución del sector farmacéutico, en sus tramos minorista y mayorista, entro de lleno en el asunto de este post de tono reflexivo.

El gasto farmacéutico a través de receta del SNS ascendió en febrero de 2013 a 719 millones de Euros. En el mismo mes de 2010, dicho gasto alcanzó los 1.027 millones de Euros. Después de tres años consecutivos de ajuste del gasto farmacéutico, esta partida ha bajado un 30%, que me atrevería a decir es un descenso superior al de cualquier otra partida de gasto corriente de las que conforman los Presupuestos Generales del Estado (quizás haya alguna, pero dudo que sea de una cuantía absoluta tan representativa). Y tampoco parece que esta tendencia vaya a cambiar, ya que se anuncia para mayo una nueva revisión a la baja de los precios de referencia.

Por otro lado, según datos de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE), las Comunidades Autónomas adeudan a las farmacias más de 1.100 millones de Euros, lo que viene a representar un retraso en el pago de aproximadamente 41 días, si tomamos como referencia en gasto total de 2012. Hay que tener en cuenta que las farmacias, hasta 2011, estaban acostumbradas a cobrar los días 20 del mes siguiente a la dispensación (digamos que a 35 días de promedio), y así venía recogido en los convenios suscritos con las correspondientes consejerías de sanidad. Hoy en día, lo raro es encontrar una Comunidad Autónoma que esté al día en los pagos de las recetas.

Y para rematar la faena, ahora el Ministerio de Economía se empeña con la Ley de Servicios Profesionales, abriendo la propiedad de la oficina de farmacia a cualquier inversor. La eliminación de esta barrera de entrada - lo que los farmacéuticos llaman en tono de veneración "El Binomio" - augura un futuro todavía más negro, donde la competencia será cada vez más variada y profesional.

Así las cosas, cada vez es más fácil encontrar en las redes sociales farmacéuticos dueños de oficina de farmacia que reniegan de su faceta empresarial y suspiran por centrarse en su rol como profesionales sanitarios. La manifestación más oficial de esta tendencia es la propuesta que ha presentado recientemente la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria (SEFAC) y que pueden Vds. leer accediendo a este enlace:


Ser empresario

Lo cierto es que, les guste o no, el modelo español de farmacia se basa en la concesión de licencias a empresarios individuales, para que estos las exploten con todas sus consecuencias. Cierto es que ese negocio se desarrolla en un régimen protegido, con fuertes barreras de entrada y por tanto en un entorno de competencia muy limitado, pero en todo lo demás el farmacéutico titular es un empresario como todos los demás.

Aquellos farmacéuticos que eligieron abrir o comprar una oficina de farmacia, decidieron convertirse en empresarios, siendo ésta una decisión voluntaria y particular. El hecho de que, al tomarla, no analizaran con suficiente precaución los riesgos que iban asociados a esa inversión, no se puede considerar como atenuante. No voy a ser yo quien defienda la manera caótica y casi arbitraria de legislar de los sucesivos gobiernos, a golpe de Real decreto-ley, ni tampoco me parece bien que las CCAA incumplan sus compromisos de pago con sus proveedores. Pero la realidad es que todos los empresarios que contratan con el sector público se exponen a estos riesgos y los han sufrido en mayor o menor medida en los últimos años. La mayoría de los empresarios que no diversificaron suficiente y tenían demasiados huevos en la cesta de lo público, han terminado arruinados. Por supuesto, el principal culpable de esto es el propio Estado, pero también lo es el empresario. De hecho, cualquier negocio que tiene una porción mayoritaria de sus ventas concentrada en un sólo cliente - sea este la Administración o una empresa privada - se expone a este riesgo.

¿Qué quiero decir con ésto? Pues básicamente, que cuando el farmacéutico abrió su farmacia, sabía a qué atenerse. Sabía que, salvo que fuera capaz de desarrollar la parte privada de su negocio (lo que se denomina en la jerga "venta libre"), estaría expuesto a la voluntad de las administraciones central y autonómica. En el caso de algunas farmacias, principalmente las situadas en núcleos rurales, es prácticamente imposible diversificar porque hay poca demanda de productos de venta libre. Pero este detalle, al abrir la farmacia convirtiéndose - voluntariamente, insisto - en empresarios, también debían conocerlo.

Lo que intento decir es que, si somos empresarios, debemos asumir que en toda actividad empresarial existe un riesgo. Precisamente en el negocio de dispensación de fármacos en España, este riesgo ha sido hasta la fecha muy pequeño, y los empresarios han disfrutado de una racha muy prolongada de vacas gordas. Pero, en calidad de empresarios, de poco vale quejarse ahora que vienen las vacas flacas.

Alguno replicará - estoy seguro - que no, que los farmacéuticos no son empresarios, que son profesionales sanitarios. Se equivocan: Son profesionales sanitarios que se ganan la vida con los beneficios que les reporta el margen en la dispensación de fármacos. O lo que es lo mismo, son profesionales sanitarios metidos a empresarios.

Como todo empresario, cuando las cosas no le van bien en el negocio, algunos farmacéuticos reniegan ahora de su condición empresarial, pero esa condición no es de quita y pon. En el actual modelo farmacéutico, ese modelo mediterráneo que tanto se defiende, solo se puede ejercer la profesión de farmacéutico comunitario de una manera: Convirtiéndose en empresario y asumiendo todos los riesgos que ello conlleva, entre otros:

1. Que la administración tarde en pagar las recetas.

2. Comprar un medicamento y que este se rompa, se caduque, baje de precio o se quede fuera de la financiación.

3. Que cambie la ordenación y abran nuevas farmacias, repartiéndose las recetas entre ellas.

4. Que cambie la normativa y los márgenes del negocio se vean reducidos, o que se reduzca la demanda por efecto del copago.

5. Que los trabajadores se declaren el huelga al negociar el convenio colectivo.

6. Que suban los tipos de interés a los que está referenciado el préstamo que pidió para comprar la farmacia.

7. Que Hacienda suba el IVA, perjudicando la venta libre.

Como ven, ser empresario es un reto muy complejo, aunque se ejerza como tal en un sector aparentemente seguro, por su competencia atenuada y sus precios regulados.

Ser un profesional sanitario

Empiezo este apartado con una precisión terminológica importante. Ser profesional es algo que se le supone a cualquier profesional, sea del ramo sanitario o no. Nadie discutirá que tan profesional es el empleado de un laboratorio que se dedica a la investigación, como el adjunto que trabaja a sueldo en una farmacia, como el propio titular, como el farmacéutico hospitalario o cualquier otro farmacéutico funcionario de la consejería de sanidad de turno. Todos ellos son profesionales, y les presuponemos una actuación profesional en el ejercicio de sus facultades.

Pero parece que, ahora que el modelo empresarial aprieta y empieza a dar malos resultados, algunos empiezan a darse cuenta de que cada vez es más difícil ejercer adecuadamente esa función profesional. Se habla del sistema retributivo actual, admitiendo que éste "presenta problemas derivados del conflicto de intereses entre su actuación profesional y su retribución económica". Hace unos días se emitió en La Sexta el programa Salvados dedicado al mundo farmacéutico, donde se pretendió exponer las vergüenzas de un sistema donde priman los intereses económicos, dejando - afortunadamente para el maltrecho colectivo farmacéutico - sin mencionar que los farmacéuticos también se benefician del efecto #sobremedicados.

Pero no solo es el sistema retributivo lo que genera el conflicto, sino el alto precio pagado por el traspaso de la farmacia, un precio sobrevalorado al basarse en previsiones que no se han cumplido. De esto hablé largo y tendido en mi primer post. Lo que genera el conflicto, en suma, es la propia condición empresarial.

Volvemos a encontrarnos con la supuesta independencia del titular, derivada de su condición de farmacéutico, y queda claro que el actual modelo retributivo no la garantiza. Esto no solo lo pienso yo, sino que se desprende de la lectura de la justificación de un nuevo modelo retributivo en el documento de SEFAC que les he indicado anteriormente.

Entonces, presentados con esta cruda realidad, obligados a aceptar que la vida del empresario es difícil de compaginar con la faceta profesional, caben varias posturas:

1. La primera, que parece que es la que mantienen el CGCOF y la FEFE, es negar la mayor y apostar por la continuidad del actual modelo. Es decir, emular a la orquesta del Titanic. Su postura parece obedecer a una sencilla razón, que piensan que mantener el modelo puede seguir siendo más lucrativo que adoptar un modelo de remuneración por servicios.

2. La segunda, aceptar que la condición de empresario, con el actual sistema de remuneración, puede condicionar la labor profesional y abogar por un modelo de retribución por servicios que garantice mejor la independencia. Esta postura, que es la que ha adoptado SEFAC, tiene un riesgo importante ya que al admitir que el farmacéutico no es incorruptible y que el modelo actual no garantiza su independencia, se anula uno de los principales argumentos en defensa del Binomio.

3. Hay una tercera versión, que es pedir que se mantenga el modelo actual, pero con un menor peso del margen de dispensación y un complemento por prestación de servicios. Esta opción, aparentemente equilibrada, no deja de ser una versión descafeinada de la primera, aunque puede plantearse como un paso intermedio.

En todo caso, y centrándome en la segunda, aceptemos que este nuevo modelo de remuneración terminase  convirtiendo al farmacéutico en un profesional sanitario puro, sin tentaciones económicas y centrado en su labor asistencial. Ya he dicho en Twitter y lo reitero que esta me parece una propuesta interesante, sobre todo como alternativa - y por tanto defensa - a la liberalización. Es coherente, porque renuncia al jugoso margen del 27,8% y a la tentación de los descuentos, en favor de un modelo de retribución que solo premiaría el trabajo. Es mejor garante de la independencia del farmacéutico que el modelo actual, que como he dicho muchas veces solo la garantiza en la imaginación de algunos farmacéuticos. Y, además, es compatible con el objetivo de reducción del gasto público.

Lo que me ocurre con este modelo es que trato de visualizar a ese farmacéutico centrado en su labor profesional y cobrando por acto sanitario, y acabo viendo un potencial funcionario. Además, me da la sensación de que en este modelo retributivo, las barreras al libre establecimiento están todavía menos justificadas, ya que lo ideal sería que proliferaran los establecimientos farmacéuticos, donde cada profesional ejerciera libremente, lo mismo que los médicos, su labor sanitaria. Lo mismo que los médicos, una parte de su trabajo estaría remunerado por el Estado y otra por los propios pacientes.

También me resulta complicado pensar que estos profesionales deban o puedan asumir el coste financiero y el riesgo de comprar y vender los medicamentos sin margen. En esto parece coincidir el documento de SEFAC, que ya apunta que para los medicamentos caros sería la Administración la propietaria de los medicamentos, quedando el farmacéutico como mero custodio de los mismos. Al final, tiendo a pensar que el farmacéutico terminaría por no comprar ni vender, y me cuesta mucho pensar en cómo sería el control de toda esa mercancía de propiedad pública, en depósito privado.

En suma, me parece que a la larga este modelo retributivo sería incompatible con el actual modelo de farmacia y terminaría por convertir a los farmacéuticos en profesionales a sueldo de la Administración. Y ya sabemos que, cobren un fijo mensual o por acto prestado, los profesionales a sueldo de la Administración se llaman funcionarios públicos.

No me alcanza la imaginación para pensar qué ocurriría con toda la cadena de distribución del medicamento, y cómo contratarán las distribuidoras con las CCAA, si es que a estas les queda un papel. Como ven es un tema bonito e interesante sobre el que espero las aportaciones de mis lectores, comentando este post o a través de Twitter. 

Conclusiones

Como conclusión, me atrevo a sentenciar que el papel empresarial que actualmente ocupan los farmacéuticos titulares es difícilmente compatible con el modelo profesional que propone SEFAC. En ese sentido, es una defensa coherente frente a la liberalización pero también supone admitir que el modelo actual está agotado.

La dificultad de transformar el actual modelo es grande, tanto que creo que resultará imposible. No conozco ningún país occidental en el que los farmacéuticos no sean empresarios cuyos beneficios dependan en mayor o menor medida del margen de dispensación, y dudo que España vaya a ser el primero en dar ese paso. Más aun cuando los propios farmacéuticos - o al menos sus dos principales plataformas - no parecen estar dispuestos a abordar ese cambio.

La pena es que este debate no se hubiera abierto hace 5 años, cuando hubiera sido más oportuno. Ahora, me temo que llega tarde.

sábado, 6 de abril de 2013

Construyendo un Nuevo Modelo para la oficina de farmacia española

Nota del autor: El 6 de abril de 2013, he modificado este post que originalmente publiqué el 29 de enero de 2013, para introducir nuevos elementos que se me han ocurrido en el curso del debate.

Antes de nada, quiero mandar un respetuoso saludo a quienes han calificado este blog como “la mayor amenaza para el modelo mediterráneo de farmacia en las redes sociales”. Mal futuro le espera al modelo vigente si aquellos a los que se ha encomendado su defensa reaccionan con tan exagerada alarma ante lo que no deja de ser una iniciativa individual, más filosófica que otra cosa, y que se ha difundido mayoritariamente gracias al boca a boca provocado precisamente por sus detractores. Tampoco es para tanto. 6.500 visitas y 200 comentarios en dos semanas es un resultado muy motivador para quien escribe, pero no creo que sean suficientes para hacer tambalear su modelo mediterráneo. Si el cambio se produce, no será tanto por lo que yo u otros detractores del modelo hayamos podido escribir, sino por su propia postura inmovilista y por lo evidentes que resultan sus argumentos a los ojos de cualquier ciudadano con un poco de perspectiva.

Concluido este saludo, empiezo con el post de hoy. A lo largo de las primeras dos semanas de vida de éste blog he tratado de explicar cuál es la situación actual de la farmacia española en relación a una potencial eliminación de barreras a la libre competencia. Desde algunos frentes se me achaca, no sin cierta razón, que me he limitado a exponer las maldades del modelo actual, sin aportar soluciones alternativas concretas (más allá de alguna provocación, como la de nacionalizar la farmacia, a la que casi nadie ha entrado).

Sin ninguna pretensión de sentar cátedra, voy a tratar de elaborar en los próximos posts un posible modelo de futuro para la oficina de farmacia española. Para ello, cuento con la colaboración de todos mis lectores y followers de Twitter. En contra de lo que algunos piensan, no soy una persona de mente cerrada. Al contrario, el roce con diferentes usuarios y comentaristas a lo largo de estas dos semanas, me ha hecho reflexionar y suavizar algunas de mis posturas originales, netamente liberales.

Empiezo enumerando brevemente en este post los seis elementos fundamentales que, a mi juicio, debería incorporar este nuevo modelo:

1 - LA SALUD DEL CIUDADANO

Empecemos por lo más importante, que es la salud del ciudadano. Y hablemos de ciudadano en sentido amplio, no solo de pacientes sino de los que pueden llegar a serlo o no en función del papel que le demos al farmacéutico en la prevención. El modelo de futuro no se puede concebir sin la aspiración de mejorar los aspectos sanitarios y asistenciales del modelo presente. El argumento principal de quienes se oponen al cambio es que el modelo actual es el mejor de los posibles desde el punto de vista sanitario. Esta afirmación es falsa y denota una falta de humildad preocupante en quienes la realizan.

¿Acaso el modelo actual no tiene muchos aspectos de mejora en lo sanitario? ¿Porqué no es posible pensar en un modelo que aporte soluciones y mejoras, y tratar de hacerlo compatible con el resto de elementos fundamentales?

Dentro de este elemento, yo apuntaría al menos tres elementos, si bien la lista puede ser mucho más larga (y aprovecho para invitar a mis lectores a realizar sus aportaciones en este ámbito, desde su conocimiento, seguramente más profundo que el mío, de este asunto).
  1. El papel del farmacéutico dentro del sistema sanitario, estableciendo y regulando su papel en el control farmacoterapéutico, ampliando y desarrollando el concepto de atención farmacéutica, llenando de contenido el papel de la oficina de farmacia como centro de salud, formalizando mecanismos para la interacción con el médico a través de los hospitales y centros de atención primaria, etc.
  2. Homogeneizar e implantar herramientas informáticas en red para facilitar la participación del farmacéutico en la monitorización de los pacientes, tanto ambulatorios como asistidos en su domicilio o en residencias, aprovechando para estandarizar los sistemas de receta electrónica e historial médico electrónico.
  3. Mejora del control sanitario del farmacéutico, aumento de la exigencia de la inspección sanitaria para evitar incumplimientos de la normativa (medicamentos sin receta, fraude al SNS, etc.), mayor trazabilidad y control de las transacciones con medicamentos, en especial aquellas que exceden el ámbito de dispensación al paciente. Este aumento del control sanitario es imprescindible ya en el actual modelo, y lo sería más en el nuevo, al introducirse en el sistema inversores de variado pelaje, algunos de los cuales podrían tener tentaciones no tan sanitarias. No olvidemos el país en que vivimos. 


2 - LA LIBRE COMPETENCIA

Desde mi punto de vista, la libertad de establecimiento de oficinas de farmacia debe ser un elemento fundamental del nuevo modelo. La propiedad de las farmacias debe estar abierta a toda la ciudadanía, a inversores nacionales y extranjeros, empresarios individuales, pymes, cooperativas y grandes corporaciones, por varios motivos. Cualquier ciudadano, sea o no farmacéutico, sea o no español, debe tener acceso a la propiedad de la oficina de farmacia, como lo tiene ya a la propiedad de un laboratorio, de una clínica privada o de otros negocios del ámbito sanitario.

El primero, que la libertad de empresa es un principio constitucional de nuestra democracia, tan importante como otros, y una de las bases del proyecto europeo que tanto progreso ha traído a nuestro país.  Como tal, debe estar presente en todos los ámbitos económicos, en la medida de lo posible, y cualquier limitación debe estudiarse con cautela para evitar privilegios innecesarios.

El segundo, que está constatado que la libre competencia – adecuadamente vigilada – es el motor más importante del progreso y la competitividad de las empresas, las industrias y los países. La existencia de competidores es un acicate que obliga a optimizar, a mejorar continuamente los procesos y los productos, a innovar, a reducir los costes de operación y todo ello contribuiría sin lugar a dudas a un sistema más eficiente. Las limitaciones a la competencia tienden a crear empresas y sectores inmovilistas, reacios al cambio y a la mejora, y con muchos vicios adquiridos, como ocurre en el actual modelo farmacéutico.

El tercero, que todos los demás eslabones de la cadena del medicamento están ya abiertos a la libre competencia. Si la fabricación y la distribución mayorista compiten libremente y su propiedad está abierta a cualquiera, ¿por qué no lo habría de estar la dispensación del medicamento?

Por tanto, el modelo de futuro incluiría la eliminación de la reserva de propiedad, una revisión de los modelos de ordenación que favorezca una mayor libertad de apertura y en general, las modificaciones normativas que sean necesarias para generar un entorno de sana competencia.

La desregulación completa de un sector como el farmacéutico podría dar lugar, sin embargo, a situaciones indeseadas, como las que se han dado en otros países donde esta apertura se ha realizado “a las bravas” y sin un adecuado control de las prácticas contrarias a la competencia. Lo que no se debería hacer, a mi modo de ver, es favorecer que precisamente por promover la competencia, se genere un nuevo ecosistema que favorezca la proliferación de prácticas colusorias contrarias a la misma. Para evitar esto, propongo varias ideas:
  1. La transición hacia el nuevo modelo debería ser gradual, y el control por parte de la Comisión Nacional de la Competencia muy estricto y especialmente vigilante en la fase inicial.
  2. El incremento del control sanitario, comentado en el punto anterior, debería disuadir a quienes pretendan poner los intereses económicos por encima de los sanitarios.
  3. El atractivo del mercado de dispensación debería rebajarse para evitar un sobrecalentamiento, manteniendo un sistema regulado de precios, estableciendo estrictas limitaciones al “mercadeo” de medicamentos y reduciendo los márgenes de dispensación y distribución mayorista para generar un entorno “duro” para aquellos que puedan pretender dar un pelotazo. El modelo resultante debe ser rentable para aquellos que sepan ser eficientes, pero menos atractivo de lo que es ahora, de manera que se enfríe el proceso de entrada de nuevos jugadores.
A mi modo de ver, una vez eliminada la reserva de propiedad, el modelo de concesión de licencias debería sufrir una importante transformación. Podría ser el momento idóneo para aplicar un sistema similar al de otras concesiones, donde estas tengan un plazo de duración acotado – eliminando así la perpetuación por la vía hereditaria – y donde el licenciatario deba pagar un precio a la Administración a cambio de la explotación de esa licencia. Puesto que la apertura de nuevos establecimientos estaría menos limitada que ahora, el precio no debería ser excesivamente elevado y serviría meramente como freno a aquellos que pretendan movimientos especulativos o proyectos cortoplacistas.

3 - CONTROL DE PRECIOS EN COMPETENCIA

El sistema de precios regulados por el Ministerio de Sanidad, combinando prescripción por principio activo con la referencia del precio menor dentro de cada agrupación homogénea, me parece uno de los inventos más útiles de la Administración Pública sanitaria en el ámbito farmacéutico. No comparto, sin embargo, la idea de las subastas a la andaluza, ya que aunque a corto plazo pueden producir un ahorro importante, a largo tienden a acentuar la concentración en el sector fabricante, reduciendo la competencia en un eslabón de la cadena que hoy cuenta con un entorno competitivo variado y muy saludable.

La paulatina eliminación de barreras al libre establecimiento de farmacias no debería, a mi entender, llevarnos por inercia a una desregulación de precios que visto lo visto en otros países, podría generar un efecto contrario al deseado. Otra cosa es que se siga avanzando en la mejora del sistema actual, simplificando su funcionamiento y evitando la constante modificación de precios, que dificulta la optimización de la gestión de aprovisionamientos en toda la cadena de suministro. Sin duda, el sistema actual no es el perfecto, pero constituye un punto de partida interesante sobre el que construir.

Por otro lado, aprovechando el cambio de modelo, habría que regular de manera diferente las garantías de independencia en la dispensación. Si se quiere mantener el actual sistema, permitiendo a los laboratorios hacer descuentos para tener un baremo fiable de cara a modular las bajadas de precios, habría que modificar la normativa y aceptar que el farmacéutico pueda introducir un cierto componente económico en sus decisiones, respetando la prescripción del médico. Este paso me parece peligroso y me genera serias dudas, pero la alternativa, erradicar toda posibilidad de descuento en medicamentos, podría tener efectos negativos al entorpecer la competencia entre fabricantes, y la presión a la baja de los precios sería menor.

Por último, algunos de mis seguidores de Twitter me han inspirado una idea que sería interesante estudiar o introducir en el modelo. Esta no es otra que la posibilidad de que el propio farmacéutico realice descuentos a los pacientes sobre un PVP regulado (que lógicamente sería el máximo legal). Con este sistema el gasto público seguiría optimizándose con nuevas bajadas de los precios regulados, que se irían ajustando gracias a la triple competencia entre laboratorios, distribuidores y farmacias. El paciente/consumidor se vería muy beneficiado por esta competencia, ya que el coste de los tratamientos podría ser sustancialmente más barato. Esta posibilidad de hacer descuentos solo tiene un pero, que con esos descuentos se promueva innecesariamente el consumo de medicamentos. Sin embargo, creo que los beneficios de este cambio superarían a los posibles perjuicios. Al fin y al cabo, nuestra cultura médica y social ya parece llevarnos indefectiblemente hacia un abuso de los medicamentos, y si eso ha de frenarse, será por un control de la prescripción médica.

4 - LA ACCESIBILIDAD DEL MEDICAMENTO

La completa liberalización de la ordenación farmacéutica podría traer, a medio plazo, una concentración de establecimientos en torno a los núcleos importantes de población, con el riesgo de desabastecimiento de las zonas menos pobladas. Este fenómeno se observa en otros países y sectores donde la ordenación es libre y en un país tan grande y con la escasa densidad de población que existe en gran parte del territorio, podría ser un paso atrás frente al actual modelo.

Si, como proponía en el segundo apartado (libre competencia), se reducen los márgenes para enfriar el mercado y suavizar el proceso de transición, podrían producirse cierres de farmacias en determinados núcleos rurales. Como decía al principio, soy una persona de mente abierta y las reflexiones de algunos boticarios de pueblo (lo digo con cariño, sin ningún ánimo despectivo hacia lo rural), me han llevado a cuestionarme el asunto, hasta el punto que he considerado oportuno añadir como elemento fundamental la accesibilidad del medicamento.

En este sentido, la Administración debería – dentro de la norma general de libre establecimiento – planificar la cobertura geográfica de las zonas de baja densidad de población, estableciendo mecanismos para favorecer la implantación de farmacias en esas zonas. Lógicamente, habría que establecer una dimensión mínima (no puede haber farmacias en cada aldea de España, el país no tiene recursos para ello) y una dimensión máxima (no se debe subvencionar aquellas zonas donde haya demanda para desarrollar un negocio viable con las reglas del juego generales, esto es, en libre competencia).

Dentro de este rango, el principio general siempre sería la libertad de establecimiento. Únicamente en aquellas zonas donde la iniciativa privada no haya generado aperturas de farmacia, se podrían buscar fórmulas para incentivar esa apertura. Quizás el argumento de la capilaridad se caería por su propio peso al dejar actuar al mercado, quizás no. Pero, ¿no deberíamos darle la oportunidad? ¿Acaso no hay miles de farmacéuticos no-titulares, llenos de espíritu emprendedor, con ganas de lanzarse a la aventura y abrir su farmacia en núcleos donde ni siquiera hoy existe (precisamente por una ordenación restrictiva en exceso)? ¿Acaso el modelo navarro no ha demostrado que dejando actuar a la libre iniciativa empresarial hay pueblos como Artajona, de 1.731 habitantes, donde existen no una sino dos farmacias? Soy consciente de que este modelo perjudica seriamente los intereses económicos del resto de titulares, al favorecer un mayor reparto – así lo expresan sin reparos algunos responsables del CACOF, cuando apoyan el aplazamiento del concurso de nuevas farmacias en Andalucía -, pero lo cierto es que antes de dar por hecha la pérdida de capilaridad habría que comprobar si la libertad de establecimiento no traería, como en el caso navarro, una mejora en el acceso al medicamento en el medio rural.

Insisto, primero dejemos actuar a la libre competencia. Si algunos núcleos rurales suficientemente importantes quedan sin farmacia, entonces pongamos en marcha esos mecanismos para incentivar nuevas aperturas. Y en el resto del territorio, en los núcleos urbanos, no pongamos barreras para limitar artificialmente la competencia.

5 - LA REDUCCIÓN DEL GASTO PÚBLICO

Quienes defienden el actual modelo pretenden que la capacidad de reducción del gasto público farmacéutico está agotada, y que ningún modelo va a resultar tan barato al Estado como el vigente. Curiosamente, este mismo argumento lo utilizaban hace tres años, cuando el gasto público farmacéutico era un 20% superior al actual, por lo que se ha demostrado una y otra vez que es una afirmación interesada y sin fundamento estadístico.

Yo soy de los que creo que el sistema tiene, aun hoy en día, unas posibilidades de mejora importantísimas. A pesar de los esfuerzos de los sucesivos Gobiernos a lo que ha tocado gestionar esta crisis de la deuda pública (de la que, por cierto, todavía no hemos salido) lo cierto es que la reducción del déficit ha venido más por aumento de la presión fiscal que por una reducción efectiva del gasto público. En el sector es habitual señalar con el dedo en otra dirección, apuntando al sistema hospitalario, a los médicos, en general hacia otras partes del Sistema Nacional de Salud, alegando que “lo fácil” es meter mano a los medicamentos y a los farmacéuticos, pero que nadie se atreve a hincarle el diente a lo demás. Es rigurosamente cierto que el gasto farmacéutico es una de las partidas de gasto público que más ha descendido, y que si se hubieran aplicado medidas de igual eficacia a otros ámbitos de la gestión pública, el problema del déficit estaría solucionado. El Gobierno debe actuar también sobre otros ámbitos, sin duda, pero aquí en este blog hablamos de lo nuestro, del sector farmacéutico, y seguro que hay otros blogs para hablar de los asuntos de los demás.

Una mayor reducción del gasto farmacéutico es posible por diferentes vías, siendo la principal la continuidad del sistema de precios, que tan buenos resultados ha dado hasta la fecha. Pero también es posible, y necesaria, una reducción de los márgenes de distribución y dispensación. El nuevo modelo debería apretar las tuercas en este sentido, provocando un doble efecto. Por un lado, el mencionado enfriamiento del mercado, favorecedor de una transición gradual hacia el nuevo modelo. Por otro, una mayor exigencia a los mayoristas y a las farmacias, que los obligaría a racionalizar un sistema de aprovisionamientos obsoleto, con un exceso de capacidad instalada (sobre todo en el tramo mayorista) y con millones de Euros en sinergias por explotar. También incluiría en este ajuste, un alargamiento de los plazos de pago, como acicate para que el stock de medicamentos, tanto en farmacia como en mayorista, se ajuste al mínimo óptimo, evitando el despilfarro existente en el actual modelo.

La contracción del margen obligaría, insisto, a eliminar algunas ineficiencias del sector. Por ejemplo, la existencia de distribuidoras pequeñas y medianas, cuya subsistencia hoy en día obedece más a criterios políticos, regionalismos cuando no protagonismos personales, daría paso a un proceso de concentración similar al de las cajas de ahorros, con empresas más eficientes, eliminando duplicidades. Alguno pensará, ¿por qué debería la Administración promover la concentración, si lo sano es que exista una competencia variada? La respuesta es clara, la Administración no debería promover la concentración, pero está obligada a aumentar de manera continua – aunque sea gradualmente – la exigencia de eficiencia a un sector que se ha dormido en los laureles y que parece necesitar de un acicate para empezar a ser más competitivo. La situación actual, con la patronal Fedifar mirándose al ombligo y explicándonos lo importante que es la distribución mayorista, es sintomática de que la misma visión miope del farmacéutico titular se ha contagiado también a los gestores de las distribuidoras. Si el margen se ajusta y se elimina la reserva de propiedad, la distribución discurrirá por el mismo camino que las cajas de ahorros, optimizándose los recursos en detrimento de las manías regionalistas que  - como se ha demostrado en el sector financiero – tan poco benefician la competitividad de España.

Otras costumbres, como la excesiva dotación de stocks, esa frecuencia de pedidos descabellada e ineficiente, la aversión del farmacéutico a acotar su surtido y en general la cultura inmovilista en lo que a mejora de gestión se refiere (fuera de algún cursillo de escasa calidad de lo que en la jerga sectorial se denomina, equivocadamente, merchandising) irían poco a poco desapareciendo.

¿Por qué justifico ésta intervención estatal cuando el modelo se basa sobre todo una menor regulación? Alguno pensará que ambas cosas son incompatibles, pero no lo son. Esta reducción de márgenes no solo está justificada sino que la Administración está obligada a llevarla a cabo, ya que esas ineficiencias tienen un coste elevadísimo para las arcas públicas. Fíjense, de los 10.000 millones de Euros de gasto público en receta aproximadamente 3.500 millones de Euros es lo que nos cuesta al año a los españoles la distribución mayorista y minorista de los medicamentos. Con ese dinero, se alimenta un sistema que dista mucho de ser eficiente, donde a diario se retiran miles de cajas de medicamentos caducados, donde el farmacéutico se puede permitir mantener 2 ó 3 almacenes distribuidores y 3 ó 4 repartos al día, y trabajar con veinte marcas distintas del mismo genérico para satisfacer las apetencias de cada uno de los pacientes, como si esos caprichos fueran imprescindibles para su salud.

La mejora de la eficiencia del sistema y la reducción del gasto público farmacéutico debieran ser objetivos permanentes de cualquier Administración y, en los tiempos que corren, deben ser un elemento fundamental del nuevo modelo. Ya veo venir las críticas por la inclusión de este factor en mi modelo, pero créanme que es muy necesario para el país.

6 - LA PROBLEMÁTICA DE LOS PACIENTES CRÓNICOS, RESIDENCIALES Y DOMICILIARIOS

El nuevo modelo no se puede diseñar sin tener en cuenta la composición del consumo farmacéutico y de los pacientes. Un porcentaje altísimo de las recetas, del gasto público y de las operaciones de dispensación tienen que ver con personas mayores, la mayoría de ellos enfermos crónicos y polimedicados. Por otro lado, el modelo debería ayudar a la Administración en su esfuerzo por liberar camas de hospitales, favoreciendo la dispensación del medicamento a los pacientes residenciales y domiciliarios. El ex-consejero de Sanidad del Gobierno Vasco, Rafael Bengoa, intentó avanzar en este sentido la pasada legislatura, bien es cierto que sin implicar lo suficiente – quizás por falta de tiempo – a la farmacia.

El modelo debe ser diseñado pensando en los pacientes crónicos y debe contemplar un régimen especial para la dispensación a domicilio (incluyendo residencias), estableciendo unos requisitos para aquellas farmacias que quieran participar en esa actividad. La lógica dice que esta dispensación a domicilio se haría de manera mucho más eficiente desde un almacén centralizado, por lo que esa actividad debería combinar el control del paciente y de su medicación por parte de un farmacéutico, con un sistema de logística a domicilio eficaz y eficiente. No estamos hablando de situaciones de urgencia, sino de un suministro continuo y regular de medicamentos y otros suministros sanitarios (productos sanitarios, pañales, dietoterápicos, incluso oxígeno para hospitalizados a domicilio).

Creo sinceramente que en el futuro, el modelo farmacéutico evolucionará hacia la dispensación a domicilio de una manera clara, en detrimento de los puntos físicos de dispensación. Los pacientes residenciales, aquellos con movilidad reducida o, sencillamente, la propia sociedad, cada vez más acostumbrada a comprar las cosas por Internet y a recibirlas en su casa por medio de un mensajero, demandarán este cambio de modelo. La tecnología para hacerlo posible existe, los medios logísticos también. Por ello pienso que gradualmente evolucionaremos hacia un modelo de este tipo. ¿Y dónde está la atención farmacéutica, preguntarán algunos llevándose las manos a la cabeza? Pues estará, no lo duden, pero sin necesidad de ver la cara del farmacéutico (o viéndosela por una webcam).

Los posibles beneficios de un modelo de este tipo, bien gestionado, son enormes. En un post del mes de marzo sobre el asunto de la Comunidad Valenciana, he elaborado un poco más sobre este elemento, que considero de imprescindible consideración para el nuevo modelo.

LA IMPLANTACIÓN DEL NUEVO MODELO

Fuera de estos seis elementos básicos, insisto mucho en la necesidad de planificar bien la transición del modelo actual hacia un nuevo modelo. El diseño completo debería armarse desde el principio, de manera que los agentes que quieran participar y los que ya participan del modelo actual puedan tener una estabilidad y una seguridad jurídica a la hora de planificar sus inversiones o desinversiones. Improvisar o actuar con precipitación en este cambio puede llevar a un rotundo fracaso.

Por ello, creo que debería definirse con detalle el modelo y sus plazos de aplicación, estableciendo diferentes fases y regímenes transitorios, asentando cada etapa y valorando los resultados antes de dar el siguiente paso. El modelo es muy ambicioso, ya que pretende conjugar la eliminación de barreras con una mejora de los aspectos sanitarios y una reducción superior del gasto público. Alguno dirá que esto es imposible, pero yo pienso que no lo es y que como país debemos aspirar a tener un modelo perfecto, que sirva de ejemplo a otros. ¿Acaso no tenemos los recursos, el liderazgo y la motivación para llevar a cabo tan ambicioso cambio?  

CONCLUSIONES PRELIMINARES

En este post, que pretendía ser un esbozo y me ha quedado algo extenso, he tratado de trazar las líneas maestras de un nuevo modelo. A partir de aquí pretendo, con la ayuda de quien quiera participar en el debate abierto, desarrollar con algo más de detalle cada uno de los elementos y profundizar en los matices en próximos posts. Como siempre, quedo abierto a la crítica constructiva y dispuesto a rectificar si alguien me demuestra con argumentos razonados que estoy equivocado en mis planteamientos.